Programa de Economía Cultural - UAM Xochimilco

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16-10-2017 19:13:33

Secretaría de Cultura: la bomba laboral, el Auditorio Nacional, el Fonart y más


Otro factor de conflicto asoma en los renglones torcidos del Conaculta que se plantea convertir en Secretaría de Cultura (SEC): el Servicio Profesional de Carrera (SPC) y la abultada nómina de personal bajo contratación temporal –ya sean por honorarios, por sueldos asimilados a salarios o por proyecto-. Esta mezcla laboral detona desde hace lustros numerosos polvorines que son en realidad una bomba de tiempo por sus implicaciones de seguridad social, de retiro y de acceso a pensión.

 

La forma en que debe resolverse tal problemática convoca no sólo el afán de una reforma cultural, también el de una delicada cirugía: sin el apoyo de otras secretarías, como la de Hacienda y del Trabajo, y de la central sindical, el SNTE, todo esfuerzo será en vano. Muchos somos partidarios de una idea radical: el SPC debería desaparecer del mapa. De hecho, el presidente Peña Nieto consideró derogar parte de esa ley avalada por los partidos en el primer trienio de Vicente Fox, a través de la desaparición de la Secretaría de la Función Pública y de la creación de la Comisión Anticorrupción. Como sabemos, esto ha sido imposible. Y mientras tanto, la bomba se alimenta de los polvorines y crece el catálogo de farsas que es el concurso de las plazas de los mandos medios y superiores del Conaculta y de algunos de sus organismos.

 

La creación de la SEC es la oportunidad de establecer el Servicio Cultural de Carrera, en versión que puede aprovechar lo mejor del Servicio Exterior Mexicano. Es decir, tener una escuela propia y dar garantías de que en verdad será un proceso impecable el que lleve a ocupar las plazas de la nueva secretaría y los organismos que así se determine lo necesitan. Es por ello que se presenta la posibilidad de regularizar la informalidad laboral del Conaculta y poner en marcha un sistema que haga eficaz lo que es natural al medio cultural: el trabajo eventual.

 

Pasemos a otros renglones torcidos. En un mal rato, se decidió que el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart) saliera de la órbita de las políticas culturales. Se le confinó al tramado de las políticas de desarrollo social (se especula que será transferido a la Secretaría de Turismo: “de guatemala a guate peor”…). Si bien hubo argumentos, los años han hecho evidente el error del cambio de sector y por ello resulta evidente la pertenencia del Fonart a la futura SEC, tomando en cuenta que este fondo también demanda una profunda reestructuración. Con más de 40 años a cuestas, el Fonart exige revitalizar la coordinación interinstitucional con el Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas Sociales (Fonaes), con el FONCA y con la banca de desarrollo, entre otras dependencias. Un potencial fortalecimiento impone que absorba a la Dirección General de Culturas Populares y se incuben nuevos modelos que impulsen a las comunidades indígenas y a sus productos artesanales.

 

No menos polémico es el caso del Auditorio Nacional. No hay razón para mantener sus condiciones actuales, en las que las decisiones empresariales recaen fundamentalmente en el gobierno federal y en el de la capital de la República –con un toque cosmético a cargo de patriarcas del negocio- a cambio de un porcentaje de las ganancias que el fideicomiso genera. Se debe modificar dicha estructura ya sea para formalizar una empresa paraestatal o bien para concesionar el auditorio bajo otras normas que contengan, entre otras condiciones, tasar un mayor porcentaje de las ganancias y del tiempo de programación para las tareas de los gobiernos, así como para productores y grupos que disputan un lugar en el mercado que el auditorio propicia. Basta con la larga experiencia entre el Gobierno del Distrito Federal y la Corporación Interamericana de Entretenimiento para ver pertinente la propuesta.

 

En efecto, no hay olvido. Como hemos señalado a lo largo de este serial, no pocas dependencias del Poder Ejecutivo tienen injerencia en el sector cultural. La reforma que se requiere no debe dejarlas de lado. Nos referimos a instancias que transversalmente y de manera estrecha, inciden en la labor cultural, en el factor sectorial. Es el caso de secretarías como la de Relaciones Exteriores, con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), donde recae la diplomacia pública y cultural. Al cerrar estas líneas mantengo mi crítica al andamiaje jurídico y al modelo que el Congreso aprobó para la agencia. Pero ahí está y corresponde a la actual administración cumplir en lo mínimo el propósito para el cual fue creada.

 

La reforma cultural, hemos dicho, tiene una incidencia nacional, en estados y municipios. Esto se traduce en corresponsabilidad. No hay duda en que la SEC repercutirá en esas estructuras locales. Al mirar toda la geografía señalamos, por ejemplo, el caso de la Secretaría de Cultura del Distrito Federal, que es una secretaría sin estructura de secretaría. La creación de la SEC debe impulsar que se termine con este pendiente. Y aún hay más, amigos.

 

 
 


Es egresado de la carrera de Comunicación de la UAM Xochimilco, con Especialidad en Políticas Culturales y Gestión Cultural por la UAM Iztapalapa. Ejerce el periodismo desde 1980 en distintos diarios y revistas, como también la gestión cultural en diversidad de instituciones. Ha desplegado una amplia labor de análisis de la diplomacia cultural, de las políticas culturales, de la economía cultural, de las empresas culturales y en la formación de emprendedores culturales.

En su trayectoria destaca su desempeño como agregado cultural en las embajadas de México en Chile y Colombia, cuyo gobierno le condecoró con la Medalla al Mérito Cultural. Cuenta con dos obras que reúnen una parte de su quehacer como analista, reportero y cronista: Desde la frontera norte (UAM-Iztapalapa, 1991) y Del mismo cuero salen las correas (UAM-Xochimilco, 2002). La editorial colombiana Común Presencia publicó el volumen de prosas poéticas Saldo a favor (2005).

Es coautor del estudio Políticas culturales en México, 2006-2020, coordinado por Eduardo Nivón (Editorial Porrúa, 2006). Coordinó las obras Diplomacia y cooperación cultural de México: una aproximación, obra pionera en su ámbito (UNICACH/UANL, 2007); 1968-2008. Los silencios de la democracia (Editorial Planeta, 2008), serial de entrevistas que abordan la situación de los medios de comunicación en el país; Economía cultural para emprendedores. Perspectivas (UAM/UANL, 2010), obra también sin precedente en el campo y es coordinador al lado de Carlos A. Lara González de 1988-2012. Cultura y transición (UANL/ICM, 2012), obra que por vez primera ofrece una visión sectorial de 24 años.

En junio de 2009 creó en la UAM Xochimilco el Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura (GRECU), del cual es coordinador. Desarrolla una amplia tarea como consultor. En esta línea de trabajo destaca la coordinación del Programa Sectorial de Cultura de Oaxaca 2011-2016. También ha realizado análisis económicos del Festival Internacional Cervantino y del Centro de Cultura Digital, en momentos del Conaculta.

En 2011 apareció el epistolario y a la vez reportaje novelado Colombia tiene nombre de mujer, en coedición de Ediciones Sin Nombre y la UANL. Participa del Proyecto ¿Cómo vamos ciudad de México? del periódico El Universal. Su obra más reciente como coordinador es TLCAN/Cultura ¿Lubricante o engrudo? Apuntes a 20 años (UAM/UANL, 2015) y es coautor de Una nueva diplomacia cultural para México, coordinado por César Villanueva (UIA, 2015).

Su obra más reciente como autor es Sector cultural. Claves de acceso (Editarte/UANL, 2016). Actualmente es Jefe del Centro de Extensión Educativa y Cultural Casa Rafael Galván Maldonado de la UAM.