Programa de Economía Cultural - UAM Xochimilco

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21-11-2017 11:52:21

Sistema público de radiodifusión del Estado mexicano:

La asfixia de la comunicación de servicio público

(Tercera de dieciséis partes).

 

Pese a la fuerte estructura de poder que históricamente limitó la operación de los medios de información de servicio público en el país y al largo abandono que experimentaron por parte del Estado mexicano, éstos aportaron coyunturalmente diversas contribuciones relevantes para la construcción de la democracia, la ampliación de la pluralidad informativa, la cimentación de una nueva cultura política, el enriquecimiento de la arena pública mediática y la apertura de nuevos espacios de participación ciudadana en México. Todas estas riquezas colaboraron a nutrir parcialmente el espacio público mediático con otra propuesta cultural distinta a la que por décadas construyó el modelo de difusión comercial privado en la república.

 

Sin embargo, pese a su valiosa actuación ocasional para beneficiar a la sociedad, los medios de comunicación de servicio público a inicios del siglo XXI continuaron asfixiados por una cuádruple encrucijada que estranguló su desarrollo básico como medios de Estado con sentido ciudadano. Así, en primer término, no contaron con una definición jurídica suficientemente precisa para convertirlos legalmente en medios de difusión de Estado, sino que permanecieron operando como canales de gobierno al servicio de las estructuras del poder en turno.

 

En segundo término, no tuvieron apoyo normativo para obtener nuevos financiamientos vía la comercialización para impulsar su autonomía de operación cotidiana, dependiendo de las aportaciones del erario. En tercer lugar, continuaron padeciendo una regulación discriminatoria que no les permitió acceder a los progresos técnicos y, por consiguiente, experimentaron desigualmente la competencia digital del modelo comercial privado que introdujo los avances de la convergencia tecnológica en el territorio.

 

Finalmente, en cuarto lugar, su estructura de dirección quedó expuesta a un ejercicio discrecional derivado de la intervención de múltiples intereses de autoridades distintas que presionaron sobre las políticas de conducción de éstos en cada coyuntura político social luchando por darle muchos rumbos de dirección contradictorias.

 

Todo ello debido a que la Ley Federal de Radio y Televisión y sus normatividades complementarias del momento les impusieron a los medios de información de Estado un marco normativo desactualizado, subordinado, opresivo y regresivo que entró en contradicción con la función social estratégica de servicio público que les correspondía desempeñar, y los colocó estructuralmente como instrumentos apetitosos de difusión de propaganda y generación de persuasión colectiva que fueron disputados por las estructuras del poder gubernamental para legitimar sus acciones en la sociedad mexicana.

 

Dicha realidad desigual de la comunicación de servicio público se pretendió extremar todavía más con la introducción de la propuesta de la Ley Televisa en el Congreso de la Unión, que afortunadamente fue detenida por la acción de inconstitucionalidad que un conjunto de senadores de la república de la LIX Legislatura interpusieron, basados en el proyecto de la democracia comunicativa en México, y que posteriormente respaldó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En dicha propuesta voraz se obligaba a que los permisionarios que administraran estaciones de radiodifusión con fines eminentemente sociales debían cumplir con mayores requisitos frente a una autoridad que las estaciones comerciales, con lo que quedaban sometidos a un trato absolutamente desigual y prejuicioso por parte del Estado.

 

De esta forma, se introdujeron desigualdades jurídicas para los medios públicos al incorporar mecanismos que planteaban, por ejemplo, en cuanto a los requisitos para renovar su existencia, que “de considerarlo necesario” la autoridad podrá pedir documentación adicional, y sostener entrevistas con los interesados que hubiesen cumplido los requisitos y resolver “a su juicio”. Todo ello creaba condiciones de inseguridad para los solicitantes, pues tales facultades discrecionales propiciaban abusos y arbitrariedades en detrimento del interés general, ya que en el caso concreto de los permisionarios de radio y televisión públicos la autoridad gubernamental podría seleccionar a “quien le viniera en gana” según sus intereses político económicos.

 

Aun cuando este histórico fallo constituyó en gran parte, una reivindicación de la importancia de los medios de comunicación públicos como condición para el desarrollo social y democrático del país, pues se demostró que existía un trato desigual en el otorgamiento de concesiones y permisos de radiodifusión, la discrecionalidad en las facultades de la autoridad en este tema continuó prevaleciendo.

 

Así, por virtud de esta facultad siguió predominando a todas luces un ejercicio discrecional y arbitrario de la autoridad, ya que durante el resto del sexenio panista del presidente Felipe Calderón de 2006 a 2012, el gobierno en turno impidió que entidades y organismos públicos pudieran continuar con los trámites de innumerables solicitudes de permiso ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) para establecer estaciones de radiodifusión de servicio público.

 

Dentro de éstas figuraron las solicitudes de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Gobierno del Distrito Federal, del gobierno del estado de Sinaloa, la del Congreso de la Unión, etc. para operar una señal abierta de televisión, pese haberse reunido con toda prontitud y pulcritud los requisitos que la ley exigía en la materia.

 

Por esta razón, a principios del nuevo milenio, la sociedad mexicana y los poderes públicos de la república, especialmente el Congreso de la Unión, están ante la disyuntiva histórica de continuar caminando en las próximas décadas hacia un proyecto de sociedad regido por la cabeza mediática despótica autoritaria de los oligopolios comunicativos o aceptar avanzar hacia un proyecto de sociedad dirigido por el cerebro de un nuevo Estado Nación para la Sobrevivencia Colectiva, reformado a través de la creación de un nuevo consenso y pacto nacional tripartita entre medios, Estado y sociedad.

 

Publicado en revista Siempre, No. 3206, Año LXI, Fundación Pagés Llergo, México, D.F., 23 de noviembre de 2014, pp. 64-65, http://www.siempre.com.mx

 

 


Doctor en Sociología, (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México), Maestro en Sociología, (Departamento de Sociología y Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Iberoamericana), Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Información, (Departamento de Comunicación, Universidad Iberoamericana), Estudios de Filosofía, (Instituto Superior de Estudios Filosóficos).

Autor de diversos textos y artículos sobre comunicación y cultura en México y América Latina. Premio Nacional de Periodismo 2004, Club de Periodistas de la Ciudad de México A.C., México, D.F, diciembre del 2004.

Premio Nacional de Periodismo 2010, Club de Periodistas de la Ciudad de México A.C., México, D.F, diciembre del 2010. Premio Nacional de Comunicación 2011, Categoría: “Comunicación y Democracia”, Fundación Pagés Llergo y Revista Siempre, México, D.F, 6 de abril del 2011.